El teletrabajo está siendo una de las principales novedades que la situación generada por el Covid-19 nos ha dejado de forma permanente. Para regularizar esta modalidad de trabajo, que hasta la llegada de la pandemia no estaba muy extendida, el pasado 22 de septiembre se aprobó un Real Decreto-ley que marca las pauta de cómo debe funcionar el teletrabajo en este nuevo marco laboral. Nuestro Socio Director Antonio Gálvez publica un artículo en Diario de Sevilla en el que analiza esta nueva regulación.

«Esta normativa presenta dos aspectos, entre otros no menos importantes, que prevemos supondrán un aumento de litigiosidad entre las empresas y las personas trabajadores: el control del empresario y los costes del teletrabajo», advierte nuestro Socio Director.

Con respecto al control del empresario, Gálvez afirma que el derecho a la intimidad y a la protección de datos deben primar ante cualquier medida que se tome. Por ejemplo, explica que el domicilio del trabajador es inviolable y que, si este está trabajando a distancia desde su casa, esa vigilancia debe tener peculiaridades en comparación a la que se hace en el puesto de trabajo.

«Un sector de profesionales jurídicos opina que sería posible, como método de vigilancia, utilizar videocámaras que enfoquen exclusivamente el puesto de trabajo. En cambio, nosotros entendemos que someter a un teletrabajador a una vigilancia mediante videocámara toda su jornada laboral no supera el control de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad», asegura Gálvez.

Otro de los puntos polémicos del teletrabajo es el de los gastos. Nuestro Socio apunta a que, según la norma, esta modalidad de trabajo no puede suponer gasto alguno para la persona trabajadora, aunque no se deja claro cómo se deben abonar ya que se habla de que «o bien la empresa costeará el desarrollo del teletrabajo o bien que la persona trabajadora aporte los medios para poder desarrollar el teletrabajo y la empresa se los compense económicamente».

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Gálvez Villar Abogados es un despacho de Sevilla experto en Derecho Laboral, Sindical y Seguridad Social.
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